Las amenazas recientes de Donald Trump contra México no pueden leerse como simple retórica incendiaria. Cuando un mandatario afirma que “los cárteles dirigen México” y anuncia que Estados Unidos “empezará a golpear por tierra”, el mensaje deja de ser doméstico y se convierte en señal estratégica. Más aún cuando llega después de una operación militar en Venezuela que reconfiguró el tablero regional.
El primer objetivo es evidente: forzar una renegociación de facto en seguridad. Al elevar el tono, Washington busca resultados inmediatos y visibles —extradiciones, decomisos, cooperación operativa— bajo la lógica de que, si México no actúa al ritmo exigido, la presión escalará. La respuesta de Claudia Sheinbaum, apelando a la soberanía y a la coordinación bilateral, intenta contener esa narrativa sin romper canales.
El segundo objetivo es construir dominancia hemisférica. Tras Venezuela, el discurso de “narco-terrorismo” funciona como marco para legitimar una presencia más agresiva en la región. No es casual que reaparezca una lectura actualizada de la Doctrina Monroe: el mensaje es que Estados Unidos está dispuesto a actuar en su vecindad.
Tercero, hay política interna estadounidense. La dureza verbal produce réditos electorales: proyecta liderazgo, mano dura y control. México se convierte así en escenario simbólico para audiencias domésticas.
Cuarto, la agenda migratoria vuelve por la puerta de la seguridad. El combate a cárteles se superpone con exigencias de contención fronteriza y control de flujos, reordenando prioridades mexicanas.
Quinto, emerge el factor energético. La operación en Venezuela reabrió la discusión sobre hidrocarburos, permisos y corporaciones. En redes, el paralelo con México alimenta la sospecha de una presión para “alinear” políticas energéticas y de protección de infraestructura crítica en América del Norte.
Sexto, están los negocios y el comercio. La amenaza implícita es que la violencia y la inseguridad ponen en riesgo cadenas de suministro, inversión y reglas del juego del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El discurso habilita inspecciones, condicionamientos y controles más duros.
Séptimo, hay señal a terceros actores. El mensaje no es solo para México, sino para potencias que disputan influencia regional.
Frente a la normalización de la amenaza como instrumento político, corresponde al Estado mexicano responder con definiciones claras y no solo con mensajes tranquilizadores. El Congreso debe ejercer su función de control y exigir información puntual sobre los alcances reales de la cooperación en materia de seguridad. La Cancillería debe fijar públicamente los límites de esa relación y defenderlos. Y la sociedad tiene derecho a conocer, vigilar y exigir resultados. La soberanía no es un recurso retórico: es una responsabilidad que se ejerce con transparencia, legalidad y rendición de cuentas.
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