La corrupción ha sido uno de los principales flagelos que han afectado al desarrollo político y económico de México durante décadas. En un esfuerzo por combatir este problema sistémico, el país promulgó la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) el 18 de julio de 2016, como parte de las reformas al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Esta ley tiene como objetivo establecer un marco normativo para regular las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de los particulares vinculados a faltas administrativas graves, y distribuye competencias entre los diferentes niveles de gobierno. Sin embargo, a pesar de su objetivo ambicioso, la LGRA ha demostrado ser insuficiente para enfrentar de manera efectiva la corrupción en México. A continuación, se analizan las principales limitaciones de la ley y se proponen oportunidades de mejora.

Incompatibilidad con Normativas Anteriores

Una de las primeras críticas hacia la LGRA es la dificultad en su aplicación retroactiva. La ley fue concebida para regular las responsabilidades de los servidores públicos a partir de su promulgación, lo que ha generado conflictos con legislaciones previas, como la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Esta incompatibilidad ha ocasionado confusión y una aplicación desigual de las sanciones, especialmente en casos donde las conductas sancionables se llevaron a cabo bajo el régimen anterior.

El artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga al Congreso la facultad para expedir legislación general en materia de responsabilidades administrativas. Sin embargo, la coexistencia de la LGRA y la Ley Federal ha generado un vacío legal en ciertos casos, afectando la seguridad jurídica de los servidores públicos. Este conflicto ha sido evidente en situaciones donde no está claro cuál legislación prevalece en la investigación de faltas graves.

Deficiencias en el Sistema Nacional Anticorrupción

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), del cual la LGRA es un pilar fundamental, ha sido criticado por su falta de controles efectivos para combatir la corrupción de manera integral. A pesar de que el SNA incluye múltiples actores, como la Auditoría Superior de la Federación y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el sistema carece de cohesión entre las instituciones. Esto ha llevado a una falta de coordinación en las investigaciones y sanciones por actos de corrupción.

La falta de una independencia real en las entidades encargadas de la investigación y sanción de faltas administrativas graves ha permitido que intereses políticos y económicos interfieran en el proceso, lo que ha debilitado el impacto de la LGRA en la lucha contra la corrupción. Es imperativo que se refuerce la autonomía de las instituciones encargadas de la aplicación de la ley para evitar la captura institucional por actores corruptos.

Procedimientos y Sanciones Inadecuadas

Otra área de oportunidad radica en los procedimientos establecidos por la LGRA para sancionar faltas administrativas graves y no graves. La categorización de estas faltas ha sido criticada por su falta de claridad y por no estar alineada con la gravedad de las conductas. Esto ha resultado en la aplicación inconsistente de sanciones, donde actos considerados como «no graves» pueden tener un impacto significativo en la confianza pública, mientras que algunos actos «graves» han sido sancionados de manera inadecuada.

Además, los procedimientos de investigación y sanción son engorrosos y, en ocasiones, carecen de transparencia. La LGRA no establece plazos claros para la investigación de faltas, lo que ha permitido que algunos casos se dilaten indefinidamente, favoreciendo la impunidad. Es necesario revisar y ajustar estos procedimientos para asegurar que las sanciones sean proporcionales y que las investigaciones se lleven a cabo de manera expedita.

Protección Inadecuada para Denunciantes

Una de las mayores deficiencias de la LGRA es la falta de protección adecuada para los denunciantes de actos de corrupción. Aunque la ley promueve la denuncia de irregularidades, no ofrece las suficientes garantías para proteger a los servidores públicos o particulares que deciden denunciar actos de corrupción. Esto ha desincentivado la presentación de denuncias, ya que los denunciantes enfrentan represalias o el aislamiento profesional sin contar con un marco robusto de protección.

Para abordar esta deficiencia, es necesario fortalecer el sistema de protección a denunciantes mediante la implementación de mecanismos que garanticen la confidencialidad, la seguridad laboral y física, así como la creación de incentivos para que más personas se atrevan a denunciar actos corruptos.

Falta de Transparencia

A pesar de que uno de los objetivos clave de la LGRA es promover la transparencia en el servicio público, la ley no ha sido lo suficientemente clara en cuanto a la obligación de los servidores públicos de hacer públicas sus declaraciones patrimoniales y fiscales. Este vacío ha limitado la capacidad de la ciudadanía y de las instituciones fiscalizadoras para identificar y sancionar enriquecimientos ilícitos o conflictos de interés.

La falta de un sistema eficaz de declaración patrimonial y de intereses ha permitido que muchos funcionarios eludan el escrutinio público. Es necesario que la LGRA refuerce la obligatoriedad de estas declaraciones y que las mismas sean accesibles de manera pública y permanente.

Propuestas de Mejora

Fortalecimiento del Sistema de Denuncias

Uno de los primeros pasos para mejorar la LGRA sería fortalecer el sistema de denuncias para faltas administrativas y hechos de corrupción. Esto incluye no solo garantizar la protección de los denunciantes, sino también establecer mecanismos ágiles y confidenciales para la presentación de denuncias. Adicionalmente, es necesario promover una cultura de denuncia entre los servidores públicos mediante campañas de concientización y la implementación de un sistema de recompensas para aquellos que revelen actos de corrupción significativos.

Capacitación y Profesionalización de los Responsables

Otro aspecto clave para mejorar la aplicación de la LGRA es la capacitación de los servidores públicos encargados de los procedimientos administrativos. La falta de profesionalización en la aplicación de la ley ha resultado en errores procesales y en la incapacidad para llevar a cabo investigaciones efectivas. Por ello, es esencial establecer programas de formación continua para los funcionarios encargados de investigar y sancionar faltas administrativas, con énfasis en la correcta interpretación de la LGRA y los principios de legalidad y transparencia.

Ampliación de las Atribuciones de las Autoridades

Para mejorar la eficacia de la LGRA, es necesario otorgar mayores atribuciones a las autoridades responsables de investigar y sancionar. Una propuesta concreta es la creación de una institución independiente encargada de la defensa pública de los denunciantes y de la representación de los intereses de la sociedad en los casos de corrupción administrativa. Esto permitiría una mayor imparcialidad y objetividad en los procedimientos, así como una mejor protección de los derechos de los involucrados.

Revisión de los Plazos de Prescripción

Una crítica recurrente hacia la LGRA es la duración de los plazos de prescripción para las faltas administrativas graves. Actualmente, los plazos para la prescripción de estas faltas son insuficientes, lo que ha permitido que muchos actos corruptos queden impunes debido al tiempo transcurrido entre su comisión y el inicio de una investigación formal. Se propone extender los plazos de prescripción para asegurar que las faltas graves no queden sin sanción y que los servidores públicos y particulares responsables puedan ser debidamente castigados.

Evaluación Continua y Mejora del Marco Normativo

Finalmente, es esencial que la LGRA y el Sistema Nacional Anticorrupción en su conjunto sean objeto de una evaluación continua para garantizar su efectividad. Esta evaluación debe ser llevada a cabo por organismos independientes y expertos en la materia, con el objetivo de identificar áreas de oportunidad y proponer reformas legislativas que fortalezcan el marco normativo y su aplicación práctica.

Aunque la Ley General de Responsabilidades Administrativas representa un paso importante en el combate a la corrupción en México, es evidente que su implementación ha sido insuficiente para enfrentar de manera efectiva este fenómeno. La falta de claridad en sus procedimientos, la ausencia de un sistema robusto de protección a denunciantes y la ineficacia del Sistema Nacional Anticorrupción han limitado su impacto. Sin embargo, mediante las reformas adecuadas y la implementación de mecanismos más sólidos, la LGRA tiene el potencial de convertirse en una herramienta efectiva para promover la transparencia y la rendición de cuentas en el servicio público mexicano.

Dr. Eric Miravete Granja

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