La iniciativa

La Iniciativa sobre la Guardia Nacional en México ha generado un amplio debate debido a la combinación de personal militar con la seguridad pública y su impacto en los derechos civiles. A continuación, se describen los principales argumentos expuestos en la «Exposición de Motivos» del dictamen, con el objetivo de que el contenido sea comprensible para un público con estudios de preparatoria.

Crisis de Seguridad y Fallo de Estrategias Previas

El documento parte de la premisa de que México enfrenta una grave crisis de seguridad desde hace varios años, exacerbada por la llamada «guerra contra el narcotráfico», iniciada en 2006. A pesar de las políticas implementadas por administraciones anteriores, la violencia ha incrementado, y las instituciones policiales se han deteriorado debido a la corrupción y los vínculos con el crimen organizado. Este contexto justificó la necesidad de replantear la estrategia de seguridad del país, pues las acciones anteriores no lograron disminuir la violencia ni evitar violaciones a los derechos humanos.

Necesidad de una Fuerza de Seguridad Profesional

Ante la desaparición de la Policía Federal y la debilidad de las fuerzas de seguridad civiles, la Iniciativa argumenta que es necesario crear una fuerza de seguridad nacional, la Guardia Nacional, capaz de enfrentar el crimen organizado de manera efectiva. A diferencia de las anteriores corporaciones policiales, la Guardia Nacional sería una entidad con un origen militar, pero con entrenamiento policial, lo que le permitiría actuar con mayor disciplina y eficacia. Además, se propone que esta fuerza cuente con una estricta supervisión para garantizar el respeto a los derechos humanos.

Confianza en el Personal Militar

Uno de los pilares de la propuesta es que el personal militar es visto como más confiable y disciplinado que las fuerzas policiales civiles, que históricamente han sido percibidas como corruptas y poco eficientes. Este argumento se refuerza con encuestas de percepción pública, como la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), las cuales indican que la población tiene una alta confianza en la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas en general. La confianza en el personal militar se presenta como un elemento clave para restaurar la seguridad en el país.

Respeto a los Derechos Humanos

A pesar de que la Guardia Nacional estará adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Iniciativa subraya que sus funciones estarán regidas por principios de seguridad pública, con un compromiso firme hacia el respeto de los derechos humanos. Se hace hincapié en que, aunque el personal provenga de las Fuerzas Armadas, sus acciones estarán siempre dentro del marco legal aplicable a las instituciones de seguridad pública y no bajo las reglas que aplican en tiempos de guerra.

Propuesta de Militarización Regulada

Uno de los puntos más polémicos es el temor de que la Guardia Nacional represente una militarización de la seguridad pública. Sin embargo, el dictamen asegura que, aunque el personal tenga formación militar, la Guardia Nacional estará limitada a funciones de seguridad pública y no será un brazo militar. Esto pretende disipar las preocupaciones sobre la militarización, garantizando que sus operaciones estarán sujetas a controles civiles y a la legislación vigente.

Resultados Positivos Iniciales

La Iniciativa menciona resultados iniciales favorables de la Guardia Nacional, basados en encuestas y en la percepción de su efectividad en la reducción del crimen en ciertas áreas del país. Este respaldo público es utilizado como un argumento para legitimar la consolidación de la Guardia Nacional como la principal fuerza de seguridad pública de México.

Marco Legal y Control Civil

El dictamen establece que la Guardia Nacional estará sujeta a mecanismos de control civil y a un marco normativo claro, diseñado para prevenir abusos de poder. A pesar de su origen militar, la reforma contempla que la Guardia Nacional opere bajo supervisión civil para garantizar que su accionar esté en línea con los principios democráticos y de respeto a los derechos humanos. Además, la Iniciativa aclara que la adscripción a la SEDENA responde a razones administrativas y logísticas, y no implica la militarización total de la seguridad pública.

Eficiencia Logística y Económica

Un argumento adicional en la exposición de motivos es la eficiencia económica de la creación de la Guardia Nacional. Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esta nueva institución no requerirá de un gasto presupuestal adicional significativo, ya que no se crearán nuevas unidades administrativas ni programas que impliquen mayores costos. La propuesta se plantea como una reorganización de los recursos existentes, lo que supuestamente permitirá mejorar la seguridad pública sin un impacto negativo en las finanzas del país.

La exposición de motivos del dictamen sobre la Guardia Nacional busca justificar la creación de esta nueva fuerza de seguridad bajo el control de la SEDENA como una solución efectiva para enfrentar la crisis de inseguridad que atraviesa México. Los principales argumentos giran en torno a la ineficacia de las estrategias de seguridad implementadas en el pasado, la necesidad de contar con una fuerza de seguridad disciplinada y eficiente, y el respaldo público hacia el personal militar. Al mismo tiempo, se asegura que la Guardia Nacional actuará bajo el marco legal y con pleno respeto a los derechos humanos, aunque su origen sea militar.

El debate sobre la militarización de la seguridad pública sigue siendo un tema central en la discusión, y la propuesta intenta encontrar un balance entre la necesidad de enfrentar la criminalidad de manera efectiva y los riesgos que conlleva utilizar personal militar para tareas de seguridad pública.

Los argumentos de AMLO

La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para transferir el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha suscitado un intenso debate en México. AMLO ha defendido esta medida con varios argumentos que, en su opinión, buscan fortalecer la seguridad pública y enfrentar la creciente violencia en el país. Sin embargo, estos puntos han sido objeto de críticas y análisis, tanto por expertos en seguridad como por sectores de la sociedad preocupados por el impacto de la militarización en la vida pública.

Eficiencia Operativa

AMLO sostiene que la Guardia Nacional, al integrarse a la Sedena, será más eficiente y operativa, ya que las Fuerzas Armadas tienen una estructura más disciplinada y una vasta experiencia en el ámbito de la seguridad. Según su argumento, el mando militar proporcionaría la coordinación y organización necesarias para enfrentar al crimen organizado con mayor eficacia. Sin embargo, este punto ha sido criticado por varios analistas que señalan que la eficacia no depende únicamente de la estructura militar, sino también de la capacidad de las fuerzas de seguridad para adaptarse a las necesidades de la población civil y respetar los derechos humanos. La militarización de la seguridad pública puede generar tensiones con la población y aumentar el riesgo de violaciones a los derechos civiles.

Recursos y Capacidades

AMLO también ha argumentado que la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena permitirá una mejor gestión de recursos y capacidades. Según él, la Sedena podría proporcionar una infraestructura más sólida, mejor logística y un sistema de entrenamiento más robusto para los integrantes de la Guardia Nacional, alineando sus funciones con una estructura más disciplinada. Si bien esto puede parecer positivo en términos de mejorar las condiciones y recursos disponibles, hay preocupaciones sobre cómo la centralización del control en manos de las Fuerzas Armadas afectará el carácter civil de la Guardia Nacional. Además, la experiencia militar no siempre se traduce en una mejor protección de los derechos civiles ni en un enfoque adecuado para los problemas de seguridad pública, que requieren una proximidad y comprensión más profunda de las comunidades.

Resultados en Seguridad

El presidente ha destacado los logros de la Guardia Nacional en sus primeros años de operación, como la reducción de ciertos delitos y un alto número de detenciones, sugiriendo que su transferencia a la Sedena consolidaría estos éxitos. No obstante, los críticos argumentan que muchos de los avances en seguridad han sido localizados y no generalizados, y que la militarización de la seguridad puede no ser la respuesta adecuada a problemas estructurales más profundos, como la corrupción en los cuerpos policiales y la falta de desarrollo en las comunidades más afectadas por la violencia. Además, el impacto real de la Guardia Nacional en la reducción de delitos sigue siendo un tema de debate, ya que algunas de las cifras de disminución de la criminalidad pueden estar relacionadas con otros factores, como cambios en las dinámicas del crimen organizado.

Apoyo Político

Uno de los puntos que AMLO ha señalado es la oportunidad política que representa la mayoría calificada de su partido, Morena, en el Congreso. Esta mayoría facilitaría la aprobación de la reforma sin necesidad de negociar con la oposición, lo que permitiría implementar cambios significativos en el sistema de seguridad pública. Sin embargo, esta estrategia ha generado críticas por parte de quienes consideran que el uso de mayorías legislativas para implementar reformas tan profundas en la estructura de seguridad pública sin un consenso amplio puede socavar la legitimidad del proceso. Las voces opositoras han señalado que la seguridad pública es un asunto que afecta a toda la nación, y que decisiones como esta deben ser resultado de un debate amplio, incluyente y democrático.

Desafíos en la Guardia Nacional

Aunque las encuestas han mostrado altos niveles de confianza en la Guardia Nacional, con un 77% de aprobación según datos del INEGI, no todo es positivo. Un porcentaje considerable de los integrantes de esta fuerza no ha pasado las pruebas de control de confianza, lo que refleja problemas persistentes en la evaluación y profesionalización de sus elementos. Aproximadamente el 30% de los integrantes de la Guardia Nacional no ha superado estos controles, lo que plantea dudas sobre su capacidad para desempeñar funciones de seguridad de manera efectiva y confiable. Esto, sumado al hecho de que solo el 73% del personal cuenta con los controles necesarios para ejercer su función, subraya la necesidad de mejorar los procesos de selección, capacitación y supervisión.

La iniciativa de AMLO de transferir la Guardia Nacional a la Sedena se basa en varios argumentos que buscan justificar su viabilidad y eficacia. Sin embargo, detrás de estos razonamientos persisten preocupaciones sobre la militarización de la seguridad pública y sus posibles consecuencias a largo plazo. Aunque se han logrado algunos avances en la reducción de delitos, es necesario evaluar críticamente si la integración de la Guardia Nacional bajo un mando militar es la mejor solución para los problemas de seguridad en México, o si existe el riesgo de perpetuar una dependencia de las Fuerzas Armadas en tareas que deberían estar bajo un control civil.

El debate sobre esta iniciativa está lejos de resolverse y plantea una pregunta fundamental: ¿hasta qué punto es apropiado militarizar la seguridad pública sin comprometer los derechos y libertades civiles en una democracia?

La opinion de la Sociedad Civil y las ONG´s

La adscripción de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha generado un intenso debate en México. Diversos sectores de la sociedad, organismos de defensa de derechos humanos y expertos en seguridad pública han expresado preocupaciones sobre las posibles implicaciones de esta medida. Las críticas se centran en temas que van desde la militarización de la seguridad pública hasta el debilitamiento del control civil, pasando por el riesgo de violaciones a derechos humanos. A continuación, se expone un análisis crítico de las principales críticas formuladas en relación con esta adscripción.

Militarización de la seguridad pública

Una de las principales críticas es que la integración de la Guardia Nacional a la Sedena implica una militarización creciente de la seguridad pública. Desde hace tiempo, México ha recurrido a las fuerzas armadas para enfrentar el crimen organizado, pero esta estrategia ha sido cuestionada por organismos nacionales e internacionales. La militarización de la seguridad puede llevar a una lógica de confrontación que no es adecuada para tareas policiales, donde es esencial la proximidad con la ciudadanía y el respeto a los derechos civiles. La seguridad pública debería estar a cargo de instituciones civiles, y esta medida va en dirección contraria a ese principio.

Violaciones a derechos humanos

Otra preocupación clave es el historial de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas. Según informes de organismos de derechos humanos, la Guardia Nacional ha estado involucrada en abusos, y el 39% de las personas detenidas reportan haber sufrido agresiones físicas. La militarización de la Guardia Nacional podría agravar esta situación, pues las fuerzas armadas no han sido capacitadas específicamente para cumplir con funciones de seguridad pública bajo el respeto a los derechos humanos. La falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas aumenta el riesgo de impunidad en casos de abusos.

Control democrático débil

Un aspecto fundamental en la crítica a la adscripción de la GN a la Sedena es el debilitamiento del control civil sobre las fuerzas armadas. En una democracia, el control civil sobre las instituciones de seguridad es esencial para garantizar el respeto a los derechos y libertades de la ciudadanía. Las fuerzas armadas, tradicionalmente, han operado con poca supervisión y escasa rendición de cuentas, lo que genera inquietud sobre la posibilidad de que la GN, bajo el mando de la Sedena, siga este mismo patrón. Además, se teme que el control legislativo sobre la GN se vea limitado, lo que dificultaría la fiscalización de sus operaciones.

Falta de claridad en las funciones

Aunque se ha afirmado que la GN continuará realizando tareas policiales, existen dudas sobre su capacidad para cumplir con estas funciones sin caer en prácticas militares. Las tareas de seguridad pública requieren un enfoque distinto al de las operaciones militares, y la línea entre ambos puede volverse difusa cuando una institución tiene un mando militar. Los críticos señalan que la formación militar no está diseñada para abordar situaciones civiles como protestas, delitos comunes o la mediación de conflictos comunitarios, lo que puede generar situaciones de abuso de fuerza.

Impacto en la estructura institucional

La adscripción de la GN a la Sedena también plantea preguntas sobre su autonomía y efectividad frente al crimen organizado. La GN fue creada como una fuerza civil capaz de adaptarse a las necesidades de seguridad del país, pero su dependencia del mando militar puede limitar su capacidad de actuar con flexibilidad. Además, la historia reciente ha demostrado que las fuerzas armadas, a pesar de su disciplina y estructura, no han sido capaces de resolver los problemas de seguridad de manera integral, por lo que centralizar aún más el poder en la Sedena podría no ser la solución adecuada.

Precedente de abuso de poder

El uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad en México ha estado asociado con casos de abuso de poder y falta de rendición de cuentas. La militarización de la GN podría perpetuar este patrón, ya que las fuerzas armadas han sido históricamente reticentes a someterse a procesos judiciales o administrativos por sus acciones. Esta resistencia a rendir cuentas genera un ambiente de impunidad, lo que resulta particularmente preocupante en un país donde ya existe una crisis de derechos humanos.

Desconfianza pública

Aunque las encuestas reflejan un alto grado de confianza en la GN, la percepción pública sobre el papel del Ejército en la seguridad pública es más compleja. En diversas comunidades, la presencia militar ha sido vista con desconfianza debido a los antecedentes de violaciones a derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza. La militarización de la GN puede reforzar estos temores, especialmente en áreas donde las relaciones entre las fuerzas armadas y la población han sido tensas.

Inconstitucionalidad

Uno de los argumentos más fuertes en contra de la adscripción de la GN a la Sedena es su posible inconstitucionalidad. La Suprema Corte de Justicia ha señalado que esta medida contraviene la naturaleza civil de la GN, establecida en la Constitución. La Constitución mexicana establece claramente que las tareas de seguridad pública deben estar bajo control civil, lo que hace que la adscripción de la GN a una estructura militar sea un tema polémico y posiblemente ilegal.

Efectividad cuestionable

Muchos críticos argumentan que no existe evidencia clara de que la militarización de la GN mejore la seguridad pública frente al crimen organizado. Si bien es cierto que la GN ha tenido algunos éxitos en términos de reducción de delitos, estos resultados no son suficientes para justificar una transformación tan profunda. El crimen organizado en México es un problema estructural que requiere soluciones integrales, no solo un enfoque de fuerza. La militarización de la seguridad pública puede ignorar las raíces del problema, como la falta de oportunidades económicas, la corrupción y la desigualdad social.

Riesgo de impunidad

La militarización de la GN también plantea el riesgo de una mayor impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos. La falta de mecanismos claros para supervisar las acciones de las fuerzas armadas y la GN bajo mando militar puede conducir a una situación donde los abusos queden sin castigo. Esto es particularmente preocupante en un país donde la impunidad ya es un problema grave y donde las víctimas de violaciones a derechos humanos luchan por obtener justicia.

Desviación del enfoque civil

La GN fue creada inicialmente como una institución de carácter civil para abordar los problemas de seguridad desde un enfoque integral, que incluyera el respeto a los derechos humanos y la cercanía con la población. La militarización de la GN contradice esta premisa y pone en duda el compromiso del gobierno con un modelo de seguridad pública que priorice el bienestar de la ciudadanía y la construcción de una paz duradera.

Efectos adversos en las comunidades

La presencia militar en las comunidades puede tener efectos adversos, como el aumento de la violencia o la intensificación de los conflictos locales. Las comunidades que han sido testigos de la violencia entre las fuerzas armadas y el crimen organizado pueden ver su situación agravada con la militarización de la GN, ya que la lógica de confrontación militar no siempre es adecuada para resolver problemas de seguridad local.

Dificultades para el control civil

Finalmente, la adscripción de la GN a la Sedena puede dificultar el establecimiento de controles civiles efectivos sobre sus operaciones. La integración de las fuerzas militares en funciones policiales complica la fiscalización y el monitoreo de sus acciones, lo que a largo plazo puede debilitar el control democrático y generar un ambiente de opacidad.

La adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena plantea numerosas preocupaciones que van desde la militarización de la seguridad pública hasta el riesgo de violaciones a los derechos humanos y la debilidad del control civil. Aunque el gobierno defiende esta medida como una solución necesaria para enfrentar la violencia en el país, es crucial evaluar los posibles efectos adversos que puede tener sobre la democracia, los derechos humanos y la confianza pública en las instituciones de seguridad. Ante estos desafíos, es importante que la sociedad mexicana y los organismos de defensa mantengan una vigilancia constante para garantizar que la seguridad pública no se militarice a costa de los derechos civiles y las libertades fundamentales.

La opinión de la SCJN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha señalado que la adscripción de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) es inconstitucional por varias razones, destacando la violación del carácter civil de la GN, la invasión de competencias de los estados y la suspensión de garantías constitucionales. Estas críticas se fundamentan en la defensa del marco constitucional, que establece una clara distinción entre las funciones civiles y militares en materia de seguridad pública. A continuación, se analizan los principales puntos expuestos por la SCJN.

Violación al carácter civil de la Guardia Nacional

Uno de los principales argumentos de la SCJN es que la reforma que transfiere el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la SEDENA transforma este cuerpo en una entidad militarizada. Esto contraviene el artículo 21 de la Constitución, que establece claramente que la Guardia Nacional debe tener un carácter civil. La Corte ha reiterado que las tareas de seguridad pública en un estado democrático deben ser desempeñadas por instituciones civiles, ya que el uso de fuerzas militares en estas funciones puede llevar a la erosión de los derechos civiles y aumentar el riesgo de abusos.

La militarización de la seguridad pública, al someter a la GN bajo control militar, contradice el objetivo inicial de crear una fuerza que actúe en proximidad con la ciudadanía y que tenga un enfoque preventivo más que represivo. Además, la SCJN ha establecido que el control civil sobre la seguridad pública es esencial para garantizar la rendición de cuentas y la protección de los derechos humanos, dos áreas donde históricamente ha habido problemas cuando el Ejército ha intervenido en estas tareas.

Invasión de competencias federativas

Otro de los puntos que ha destacado la SCJN es que la adscripción de la GN a la SEDENA infringe el principio de federalismo, una de las bases del sistema constitucional mexicano. Según la Corte, al asignar a las Fuerzas Armadas la responsabilidad de la seguridad pública sin la solicitud previa de las entidades federativas, se viola el reparto de competencias entre la Federación y los estados.

El artículo 21 de la Constitución también establece que las funciones de seguridad pública corresponden principalmente a las autoridades locales y estatales. La intervención del Ejército en asuntos de seguridad pública sin la debida coordinación o autorización de los gobiernos estatales constituye una intromisión en las atribuciones de los estados y una violación al pacto federal. La SCJN ha señalado que cualquier intervención militar en tareas de seguridad debe respetar los límites de las competencias estatales, para no socavar la autonomía de las entidades federativas.

Suspensión de garantías constitucionales

Un aspecto crucial en la crítica de la SCJN es que la reforma representa una suspensión de garantías constitucionales sin seguir el procedimiento establecido en el artículo 29 de la Constitución. Este artículo establece que, en casos de emergencia, el presidente puede suspender ciertos derechos y garantías, pero siempre debe hacerlo bajo un procedimiento riguroso y con la autorización del Congreso. La adscripción de la GN a la SEDENA ha sido vista por la SCJN como una forma de suspender indirectamente los derechos civiles al poner a la seguridad pública bajo un enfoque militar, lo que podría restringir las libertades y garantías individuales sin haber seguido el debido proceso constitucional.

Este punto es particularmente importante porque la intervención militar en la seguridad pública ha sido históricamente vinculada con la limitación de derechos civiles, como el derecho a la protesta, a la libertad de expresión y a la protección contra detenciones arbitrarias. La SCJN ha advertido que estas garantías no pueden ser suspendidas o restringidas sin un procedimiento legal claro, y que la reforma podría llevar a una situación en la que las fuerzas armadas operen con amplias facultades sin un control adecuado.

Riesgo de inconstitucionalidad persistente:

Aunque la iniciativa presidencial busca dar un marco legal a la adscripción de la GN a la SEDENA, muchos críticos sostienen que la reforma no aborda adecuadamente los señalamientos de inconstitucionalidad emitidos por la SCJN. El control de la GN por parte de las Fuerzas Armadas, aunque se le dé una fachada legal, sigue siendo incompatible con el carácter civil que establece la Constitución. Además, la propuesta de que los delitos cometidos por miembros de la GN sean juzgados por tribunales militares contradice la jurisprudencia de la SCJN, que ya ha declarado inconstitucional esta medida en el pasado.

La adscripción de la Guardia Nacional a la SEDENA ha sido duramente criticada por la SCJN y por diversos sectores de la sociedad, quienes advierten sobre las implicaciones de militarizar la seguridad pública en México. Las razones de la inconstitucionalidad señaladas por la Corte —violación del carácter civil de la GN, invasión de competencias federativas y suspensión de garantías sin el debido proceso— reflejan un compromiso con la defensa del marco constitucional y los derechos humanos. Ante estas críticas, es necesario un debate amplio y profundo sobre el futuro de la seguridad pública en el país, que respete los principios constitucionales y garantice la protección de las libertades civiles.

La adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) plantea varias preocupaciones constitucionales y sociales. La principal crítica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) radica en que esta medida viola el carácter civil de la Guardia Nacional, establecido en el artículo 21 de la Constitución. Al transferir su control operativo y administrativo a la SEDENA, la Guardia se convierte, en la práctica, en un cuerpo militarizado, lo cual contradice su propósito inicial de ser una fuerza civil. Además, la SCJN advierte sobre una posible invasión de competencias federativas, ya que la intervención militar en tareas de seguridad pública podría socavar la autonomía de los estados sin una solicitud formal.

Otro aspecto alarmante es la posible suspensión de garantías constitucionales, ya que el control militarizado puede llevar a la restricción de derechos sin seguir el procedimiento adecuado, lo cual podría afectar libertades fundamentales. A pesar de los argumentos del gobierno a favor de una mayor eficiencia operativa bajo el mando militar, los críticos sostienen que esta medida podría aumentar el riesgo de violaciones a derechos humanos y erosionar el control civil sobre las fuerzas de seguridad.

En resumen, la militarización de la Guardia Nacional no solo plantea riesgos legales, sino que también compromete los principios democráticos y el respeto a los derechos humanos, lo que requiere un análisis profundo y un debate inclusivo antes de su implementación.

Dr. Eric Miravete Granja

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