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Una crítica desde la perspectiva de Montesquieu

En la teoría política clásica, Montesquieu señalaba que el origen del Estado se funda en la necesidad de protección mutua entre los ciudadanos, un contrato social implícito en el cual el Estado debe garantizar la seguridad, la justicia y el orden. A la luz de este marco teórico, podemos argumentar que México se encuentra en un estado fallido, cuando las funciones básicas de un gobierno —la provisión de seguridad pública y la garantía de los derechos— están seriamente comprometidas.

Recientemente, un alto mando militar, encargado de la seguridad pública en una región asolada por la violencia, hizo declaraciones alarmantes al afirmar que no podían realizar acciones concretas y que la situación se resolvería “cuando los muchachos se calmen”. Esta declaración no solo refleja una alarmante impotencia del Estado frente al crimen organizado, sino que también exhibe la total falta de control en áreas clave del territorio.

Los “muchachos” a los que se refería este general no son simples vándalos o grupos de delincuentes menores; son responsables de alrededor de 100 asesinatos en menos de un mes. La violencia que azota diversas regiones del país no parece tener un fin cercano, y las autoridades, lejos de enfrentarse a la situación, parecen estar atrapadas en una narrativa de resignación. Ante esta realidad, debemos preguntarnos: ¿cómo puede un Estado cumplir con su función principal de proteger a sus ciudadanos si sus representantes admiten su incapacidad para actuar?

Esta situación nos lleva a considerar que México está viviendo un proceso de balcanización, un fenómeno en el que el Estado ha perdido el control sobre vastas regiones, y el poder se fragmenta en manos de grupos armados, ya sea el crimen organizado o incluso algunos sindicatos que, al ser la base electoral del partido en el poder, imponen sus intereses sin restricciones ni escrúpulos. En varias zonas del país, el Estado todavía cumple con algunas de sus funciones esenciales —aunque debilitadas—, pero en otras, su presencia es meramente simbólica. La realidad de estas zonas es una ausencia total de control gubernamental y de seguridad pública, donde la ciudadanía se encuentra a merced de grupos criminales o sindicatos que actúan como un poder paralelo.

En este contexto, la reciente reforma constitucional para redefinir las funciones del Estado no parece más que una formalidad vacía. El problema no reside en las normas jurídicas, sino en la incapacidad del gobierno para garantizar el orden y la justicia. No se trata únicamente de frenar la criminalidad organizada, sino también de enfrentar a los grupos de poder —como algunos sindicatos— que han aprovechado la debilidad del Estado para imponer sus propios intereses, en detrimento de la ciudadanía.

Montesquieu afirmaba que la seguridad y la defensa de la sociedad son los pilares sobre los cuales se construye el Estado. Si el Estado no puede proveer esta seguridad, entonces ha fracasado en su misión principal. La crisis de violencia y la impotencia institucional ante ella nos invitan a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del poder en México. ¿Estamos presenciando la desintegración de las funciones del Estado? ¿Se ha perdido la capacidad de gobernar en amplias regiones del país?

El futuro parece incierto, pero una cosa es clara: mientras el Estado continúe cediendo territorio y funciones a actores externos, ya sean criminales o sindicatos, la sociedad seguirá pagando el precio más alto: la vida misma.

Dr. Eric Miravete Granja