Los primeros años de operación de la Guardia Nacional en México han sido acompañados por encuestas de percepción que muestran una aceptación positiva por parte de la ciudadanía. Sin embargo, es fundamental analizar críticamente si estos resultados iniciales son un verdadero indicador de éxito o si estamos ante una solución que, a largo plazo, podría desviar la atención de los problemas estructurales que subyacen en el sistema de seguridad pública del país. Aunque las encuestas sugieren que los mexicanos perciben a la Guardia Nacional como efectiva, este tipo de datos de percepción no deben confundirse con resultados reales y sostenibles en materia de seguridad.
Las encuestas de percepción positiva no son suficientes para medir el éxito de la Guardia Nacional
Las encuestas que indican un alto nivel de aceptación de la Guardia Nacional reflejan una percepción de éxito, pero no necesariamente resultados reales en términos de disminución de la criminalidad o mejora de las condiciones de seguridad en el país. Es importante recordar que las percepciones pueden ser moldeadas por expectativas iniciales de una nueva estrategia, la presencia visible de fuerzas de seguridad y un sentido temporal de control sobre la violencia. Sin embargo, confiar únicamente en la percepción pública para medir el éxito de una política de seguridad es engañoso.
Los datos de percepción positiva pueden ser el resultado de la promesa de cambio y acción rápida que la Guardia Nacional representa, especialmente en contraste con los fracasos de estrategias anteriores. Pero para medir de manera efectiva el impacto de la Guardia Nacional, es necesario analizar datos objetivos sobre reducción del crimen, mejora en la confianza institucional y el respeto a los derechos humanos. Las encuestas deben complementarse con un análisis más riguroso que incluya tendencias delictivas, denuncias ciudadanas y estudios sobre el impacto de la militarización en comunidades vulnerables.
Los resultados iniciales no garantizan sostenibilidad a largo plazo
El éxito percibido de la Guardia Nacional en los primeros años de su operación no garantiza que los resultados sean sostenibles a largo plazo. De hecho, muchos de los desafíos estructurales que enfrenta la seguridad pública en México, como la corrupción, la impunidad y las deficiencias institucionales, siguen presentes. Si bien el despliegue de la Guardia Nacional ha dado la impresión de una mayor presencia de fuerzas de seguridad en las calles, esto no resuelve los problemas subyacentes que alimentan la criminalidad en el país.
La militarización de la seguridad pública, aunque ofrece resultados inmediatos en términos de control y represión del crimen, tiende a ser una solución temporal que no aborda las causas profundas de la violencia, como la desigualdad social, la falta de oportunidades económicas y el colapso de las instituciones civiles. A medida que pase el tiempo, si estas causas no son tratadas, es probable que los beneficios percibidos de la Guardia Nacional se desvanezcan, y México se encuentre nuevamente en una situación de inseguridad generalizada.
Además, las soluciones basadas en la militarización corren el riesgo de provocar una escalada de violencia, ya que las organizaciones criminales pueden adoptar estrategias más agresivas y sofisticadas para evadir el control militar. Esto podría generar un círculo vicioso donde, en lugar de reducirse, la violencia se transforma y aumenta con el tiempo. Es esencial que se complementen los esfuerzos de seguridad con políticas públicas que busquen desmantelar las redes criminales a través de la investigación y la justicia civil, en lugar de depender exclusivamente de la fuerza militar.
Evitar la dependencia en soluciones militarizadas para la seguridad pública
Uno de los mayores riesgos de confiar en la Guardia Nacional como principal herramienta para combatir la criminalidad es que perpetúa una dependencia en soluciones militarizadas que no resuelven los problemas de fondo. La seguridad pública en México necesita una reforma integral que involucre el fortalecimiento de las instituciones civiles, la profesionalización de las fuerzas policiales y la mejora del sistema judicial para asegurar que los criminales sean juzgados y castigados de acuerdo con el Estado de derecho.
La militarización de la seguridad pública tiende a desplazar las responsabilidades de las instituciones civiles, debilitando su capacidad a largo plazo. A medida que las fuerzas armadas asumen más roles de seguridad, las fuerzas policiales y las autoridades locales pueden volverse cada vez más dependientes de ellas, lo que socava su capacidad de actuar de manera independiente y efectiva. En lugar de fortalecer a la policía y las instituciones de justicia, el despliegue continuo de militares en tareas civiles puede provocar una erosión de la confianza en las instituciones civiles y desincentivar la inversión en su desarrollo.
Esta dependencia también puede desviar la atención de los problemas estructurales más profundos que enfrenta México. En lugar de concentrarse en mejorar el sistema educativo, crear oportunidades económicas y combatir la corrupción, el Estado corre el riesgo de priorizar medidas de control inmediato que no solucionan las causas de la violencia. Es imperativo que se adopte una estrategia de seguridad que no solo sea reactiva, sino que también esté centrada en reformas estructurales que aborden las causas fundamentales del crimen.
La necesidad de una visión integral y de largo plazo
Para garantizar que la seguridad pública en México mejore de manera sostenible, es fundamental desarrollar una estrategia integral que vaya más allá de la militarización y que se enfoque en el fortalecimiento de las instituciones civiles. Esto implica invertir en la capacitación de la policía, mejorar las condiciones laborales de los agentes y asegurar que haya un sistema judicial robusto que pueda procesar y castigar a los delincuentes de manera justa y eficiente.
La Guardia Nacional puede ser parte de la solución, pero no debe ser la solución central. Depender exclusivamente de la militarización para resolver los problemas de seguridad pública es una táctica arriesgada que podría llevar a violaciones de derechos humanos, abuso de poder y desconfianza ciudadana. En su lugar, el gobierno debe equilibrar el uso de la fuerza con políticas de prevención del delito, reformas institucionales y mejora de las condiciones sociales.
Los resultados positivos iniciales de la Guardia Nacional, basados en encuestas de percepción, no deben ser tomados como un indicador de éxito definitivo. Si bien la presencia de la Guardia Nacional ha generado una sensación de seguridad a corto plazo, es fundamental que se adopte una estrategia más amplia y sostenible que aborde los problemas estructurales de la seguridad pública en México. Depender de la militarización puede proporcionar una solución temporal, pero no resolverá las causas profundas del crimen. La verdadera solución requiere fortalecer las instituciones civiles, invertir en el sistema de justicia y adoptar un enfoque integral que garantice una seguridad duradera para todos los ciudadanos.
«Percepción vs realidad: los desafíos de medir el éxito de la guardia nacional»
Los primeros años de operación de la Guardia Nacional en México han sido acompañados por encuestas de percepción que muestran una aceptación positiva por parte de la ciudadanía. Sin embargo, es fundamental analizar críticamente si estos resultados iniciales son un verdadero indicador de éxito o si estamos ante una solución que, a largo plazo, podría desviar la atención de los problemas estructurales que subyacen en el sistema de seguridad pública del país. Aunque las encuestas sugieren que los mexicanos perciben a la Guardia Nacional como efectiva, este tipo de datos de percepción no deben confundirse con resultados reales y sostenibles en materia de seguridad.
Las encuestas de percepción positiva no son suficientes para medir el éxito de la Guardia Nacional
Las encuestas que indican un alto nivel de aceptación de la Guardia Nacional reflejan una percepción de éxito, pero no necesariamente resultados reales en términos de disminución de la criminalidad o mejora de las condiciones de seguridad en el país. Es importante recordar que las percepciones pueden ser moldeadas por expectativas iniciales de una nueva estrategia, la presencia visible de fuerzas de seguridad y un sentido temporal de control sobre la violencia. Sin embargo, confiar únicamente en la percepción pública para medir el éxito de una política de seguridad es engañoso.
Los datos de percepción positiva pueden ser el resultado de la promesa de cambio y acción rápida que la Guardia Nacional representa, especialmente en contraste con los fracasos de estrategias anteriores. Pero para medir de manera efectiva el impacto de la Guardia Nacional, es necesario analizar datos objetivos sobre reducción del crimen, mejora en la confianza institucional y el respeto a los derechos humanos. Las encuestas deben complementarse con un análisis más riguroso que incluya tendencias delictivas, denuncias ciudadanas y estudios sobre el impacto de la militarización en comunidades vulnerables.
Los resultados iniciales no garantizan sostenibilidad a largo plazo
El éxito percibido de la Guardia Nacional en los primeros años de su operación no garantiza que los resultados sean sostenibles a largo plazo. De hecho, muchos de los desafíos estructurales que enfrenta la seguridad pública en México, como la corrupción, la impunidad y las deficiencias institucionales, siguen presentes. Si bien el despliegue de la Guardia Nacional ha dado la impresión de una mayor presencia de fuerzas de seguridad en las calles, esto no resuelve los problemas subyacentes que alimentan la criminalidad en el país.
La militarización de la seguridad pública, aunque ofrece resultados inmediatos en términos de control y represión del crimen, tiende a ser una solución temporal que no aborda las causas profundas de la violencia, como la desigualdad social, la falta de oportunidades económicas y el colapso de las instituciones civiles. A medida que pase el tiempo, si estas causas no son tratadas, es probable que los beneficios percibidos de la Guardia Nacional se desvanezcan, y México se encuentre nuevamente en una situación de inseguridad generalizada.
Además, las soluciones basadas en la militarización corren el riesgo de provocar una escalada de violencia, ya que las organizaciones criminales pueden adoptar estrategias más agresivas y sofisticadas para evadir el control militar. Esto podría generar un círculo vicioso donde, en lugar de reducirse, la violencia se transforma y aumenta con el tiempo. Es esencial que se complementen los esfuerzos de seguridad con políticas públicas que busquen desmantelar las redes criminales a través de la investigación y la justicia civil, en lugar de depender exclusivamente de la fuerza militar.
Evitar la dependencia en soluciones militarizadas para la seguridad pública
Uno de los mayores riesgos de confiar en la Guardia Nacional como principal herramienta para combatir la criminalidad es que perpetúa una dependencia en soluciones militarizadas que no resuelven los problemas de fondo. La seguridad pública en México necesita una reforma integral que involucre el fortalecimiento de las instituciones civiles, la profesionalización de las fuerzas policiales y la mejora del sistema judicial para asegurar que los criminales sean juzgados y castigados de acuerdo con el Estado de derecho.
La militarización de la seguridad pública tiende a desplazar las responsabilidades de las instituciones civiles, debilitando su capacidad a largo plazo. A medida que las fuerzas armadas asumen más roles de seguridad, las fuerzas policiales y las autoridades locales pueden volverse cada vez más dependientes de ellas, lo que socava su capacidad de actuar de manera independiente y efectiva. En lugar de fortalecer a la policía y las instituciones de justicia, el despliegue continuo de militares en tareas civiles puede provocar una erosión de la confianza en las instituciones civiles y desincentivar la inversión en su desarrollo.
Esta dependencia también puede desviar la atención de los problemas estructurales más profundos que enfrenta México. En lugar de concentrarse en mejorar el sistema educativo, crear oportunidades económicas y combatir la corrupción, el Estado corre el riesgo de priorizar medidas de control inmediato que no solucionan las causas de la violencia. Es imperativo que se adopte una estrategia de seguridad que no solo sea reactiva, sino que también esté centrada en reformas estructurales que aborden las causas fundamentales del crimen.
La necesidad de una visión integral y de largo plazo
Para garantizar que la seguridad pública en México mejore de manera sostenible, es fundamental desarrollar una estrategia integral que vaya más allá de la militarización y que se enfoque en el fortalecimiento de las instituciones civiles. Esto implica invertir en la capacitación de la policía, mejorar las condiciones laborales de los agentes y asegurar que haya un sistema judicial robusto que pueda procesar y castigar a los delincuentes de manera justa y eficiente.
La Guardia Nacional puede ser parte de la solución, pero no debe ser la solución central. Depender exclusivamente de la militarización para resolver los problemas de seguridad pública es una táctica arriesgada que podría llevar a violaciones de derechos humanos, abuso de poder y desconfianza ciudadana. En su lugar, el gobierno debe equilibrar el uso de la fuerza con políticas de prevención del delito, reformas institucionales y mejora de las condiciones sociales.
Los resultados positivos iniciales de la Guardia Nacional, basados en encuestas de percepción, no deben ser tomados como un indicador de éxito definitivo. Si bien la presencia de la Guardia Nacional ha generado una sensación de seguridad a corto plazo, es fundamental que se adopte una estrategia más amplia y sostenible que aborde los problemas estructurales de la seguridad pública en México. Depender de la militarización puede proporcionar una solución temporal, pero no resolverá las causas profundas del crimen. La verdadera solución requiere fortalecer las instituciones civiles, invertir en el sistema de justicia y adoptar un enfoque integral que garantice una seguridad duradera para todos los ciudadanos.
Dr. Eric Miravete Granja
Legal 360 
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